A vueltas con la Responsabilidad de Auditores: La Sentencia sobre el caso de la Cooperativa PSV.

La reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha causado un gran revuelo en el ámbito de la responsabilidad profesional y, como consecuencia, en el sector asegurador, al estimar la demanda presentada por un número de socios de la Cooperativa PSV contra los auditores de la empresa, tras la suspensión de pagos de la misma. La sentencia vuelve a poner de actualidad un asunto que saltó a las primeras páginas de los periódicos hace algunos años cuando la cooperativa de viviendas PSV entró en suspensión de pagos.

  Los cooperativistas perjudicados por la pérdida de sus viviendas tuvieron que aceptar entonces una solución que pasaba por realizar nuevas aportaciones de dinero para no perder sus derechos.

 Algunos de ellos  entendieron que había existido una culpa de los auditores de la sociedad por no haber detectado a tiempo la irregular situación de la Cooperativa, que finalmente entró en suspensión de pagos. Tanto la sentencia de primera instancia como la de  la Audiencia Provincial de Madrid desestimaron la demanda, pero curiosamente una y otra entendieron que había existido falta de diligencia en los auditores y, asimismo,  consideraron que había quedado acreditado la producción de un daño patrimonial a los demandantes. ¿Porqué se absolvió a los demandados, podrá preguntarse entonces el lector?. Y la respuesta es fácil: Porque no había relación de causalidad. Dicho de otro modo: La negligente actuación de los auditores no fue la causa del daño sufrido por los cooperativistas.

Resulta determinante en este asunto dos hechos de enorme trascendencia para el enjuiciamiento: Uno, que el plazo que transcurre entre la celebración de la Junta General de socios convocada para la aprobación de las Cuentas del ejercicio             (en cuyo transcurso se da a conocer el informe de los auditores) y la solicitud por parte de los administradores del estado legal de suspensión de pagos es de apenas     meses; otra, que durante el año anterior (…) no se convocó Junta General para rendición de cuentas.

Conviene no perder de vista que el objeto de la demanda era una acción de responsabilidad de los auditores, no de los administradores de la Cooperativa. La cuestión no es, por tanto, si los administradores eran responsables de una gestión defectuosa que llevó a la empresa a la suspensión de pagos, con el consiguiente perjuicio para quienes vieron truncadas sus expectativas de tener una vivienda.    La cuestión es si los auditores, al analizar las cuentas de la sociedad y emitir un informe defectuoso (el informe se emitió “sin reservas”) participaron en la producción del daño.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial consideraron que no. La Sentencia de esta última analiza los efectos que podría haber tenido el conocimiento por parte de los cooperativistas de la verdadera situación de la sociedad en la adopción de medidas tendentes a evitar el daño (no aprobación de cuentas, cese de los administradores, pedir la baja, solicitar la intervención administrativa, etc.) y llega a la conclusión de que, dada la situación existente, el resultado no habría podido evitarse.

El Supremo considera lo contrario. Entiende que el tiempo que media entre la Junta y la solicitud de suspensión de pagos era suficiente para haber adoptado las medidas que el Estado de Derecho pone a disposición de los perjudicados, que “no eran sólo los señalados en la sentencia recurrida y que podían tener por sujeto pasivo no sólo a la propia cooperativa, sino también a sus administradores o a los terceros que, según se declara en la propia resolución, percibieron injustificadamente fondos de la sociedad auditada”, así como para “impedir que el deudor disponga de sus bienes u oculte la realidad para hacerla presentable a los acreedores en el procedimiento futuro”. Con base en el antecedente de la Sentencia de 14 de octubre de 2.008 declara que “un razonable juicio de probabilidad lleva a concluir que la posible y omitida reacción de los socios con toda probabilidad hubiera sido más eficaz que la que los actores emprendieron más tarde, al tener que aceptar, como única solución, un aumento de costes de la adjudicación de las viviendas, con novación de lo pactado y, al fin, con una forzada actitud de tolerancia ante el desconocimiento por PSV, SC de la regla <pacta sunt servanda> ".

Autor:  Antonio Vicente Albanés Membrillo

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