En defensa del Derecho de Defensa

Es molesto. Para los políticos, que se esgrima el derecho de defensa para hacer frente a sus proyectos (legítimos, nadie los pone en duda) es incómodo. Y no pierden la ocasión para pronunciarse al respecto, no con declaraciones firmes y categóricas (no pueden hacerlo: la única declaración categórica que cabe en este punto es favor de los derechos constitucionales, no en contra) sino con declaraciones más o menos dulcificadas mediante las que, sin atacar frontalmente el derecho de defensa, pretenden no obstante supeditarlo a otros valores supuestamente superiores.

 Uno de estos argumentos es la necesidad, imperiosa, de agilizar la Administración de Justicia. Está muy bien, la Justicia está  permanentemente necesitada de agilidad. Lo malo son los medios que se buscan para la aplicación de tan noble fin.

La cuestión tal y como está planteada es muy simple: En lugar de aumentar las dotaciones presupuestarias para incrementar el número de órganos judiciales y la especialización y dedicación de los funcionarios que la integran, lo que se intenta es reducir el número de asuntos. Así, alterando uno de los dos factores, la ecuación se resuelve con una simple fórmula contable: Si no se pueden aumentar los ingresos, se reducen los gastos. Lo malo es que estamos hablando de derechos humanos, no de economía empresarial.

Que este es el planteamiento de nuestros políticos no cabe duda, por mucho que se quiera disfrazar mediante la utilización de argumentos  razonables solo en apariencia.  Se dice que la sociedad española es muy litigiosa y que ello no es un valor positivo, pero esa es una opinión desenfocada: ¿Acaso no es positivo que los ciudadanos conozcan y defiendan sus derechos?. Por otro lado,  sería interesante conocer que porcentaje de esa litigiosidad proviene de una  litigiosidad intrínseca de los ciudadanos y cual de fallos clamorosos del sistema, del que no son responsables los usuarios. A nadie le gusta tener litigios. Pero si los tiene, lo que no puede hacerse es poner palos en las ruedas de la bicicleta para que no ande. Una sociedad moderna y democrática como a la que aspiramos regula y respeta el derecho de sus ciudadanos a acceder a la Justicia, y el Proyecto de Ley de agilización de la misma lo que hace es cercenar esos derechos, digámoslo claramente. Primero se empezó por poner una tasa para recurrir; ahora lo que se pretende es elevar los topes cuantitativos, de forma que solo los litigios superiores a una determinada cantidad económica tengan acceso al sistema de recursos.

 Pero el sistema de recursos forma parte del derecho del justiciable a la Jurisdicción. La doble instancia es un derecho subjetivo cuyos límites deben ser claros y concisos, aplicables con criterios de excepcionalidad y, desde luego, no basarse solo en los contenidos económicos.

 Y en este punto se producen las sorprendentes declaraciones de un miembro de Consejo General de Poder Judicial a cuyo tenor resulta que la culpa del excesivo número de recursos que se tramitan ante Juzgados y Tribunales la tenemos los abogados. Curiosa forma de dar la vuelta a la cuestión. Una vez más se constata la confusión, interesada o no, entre el derecho de defensa, del que somos  titulares todos y cada uno de los ciudadanos, y la función de los abogados, que es la de a ayudar a aquéllos a hacer efectivo su derecho, función que, aunque importante dado el alto grado de complejidad de la Administración de Justicia,  no sustituye al derecho subjetivo. 

 El abogado ante una resolución adversa lo que hace es advertir a su cliente de las posibilidades de un recurso y de los efectos, económicos y de todo tipo  del mismo, realizando así una labor similar a la del cirujano cuando informa al paciente de las consecuencias de la intervención, pues lo contrario supondría que es el cirujano y no el paciente quien asume la responsabilidad del resultado; ¿es que por ello hay más intervenciones quirúrgicas? Del mismo modo, no hay más recursos (ni menos) por los abogados. Son los justiciables los que usan de su derecho a recurrir. Un derecho que ahora se les pretende cercenar sobre el fundamento de que "abusan" de él,  echando la culpa a terceros y desviando así, una vez más, la atención del verdadero problema: Y es que con la actual estructura, la Administración de Justicia no es capaz de asumir el reto de aplicar, debidamente, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Autor: Antonio Albanés Membrillo
Abogado

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