Inexistente responsabilidad del Abogado

Ciertamente el incremento de reclamaciones judiciales que se vienen produciendo paulatinamente contra los abogados demuestra que la responsabilidad civil de estos profesionales ya no es algo excepcional.

Al abogado se le impone el deber y la obligación de diligencia profesional, como establece el artículo 30 del Estatuto General de la Abogacía Española. El Tribunal Supremo en  Sentencia de 4 de febrero de 1992 ya estableció que: «las normas del Estatuto General de la Abogacía imponen al Abogado actuar con diligencia, cuya exigencia debe ser mayor que la propia de un padre de familia dados los cánones profesionales recogidos en su Estatuto.

Cuando una persona sin formación jurídica ha de relacionarse con los Tribunales de Justicia, se enfrenta con una compleja realidad, por lo que la elección de un abogado constituye el inicio de una relación contractual basada en la confianza, y de aquí, que se le exija, con independencia de sus conocimientos o del acierto en los planteamientos, diligencia, mayor aún que la del padre de familia».
 
Por tanto, los abogados como cualquier otro profesional están sometidos a responsabilidad, que por lo general (aunque no siempre) será de carácter contractual y solo el cumplimiento del contrato les libera de responsabilidad. Tal cumplimiento supone que debe aplicar sus conocimientos y experiencia en los procesos, instancias, vías y cualquier otro trámite que deba realizar hasta la completa resolución del encargo. Otra cosa será la resolución final del caso, que no depende su voluntad: Por eso decimos que la obligación del abogado es una obligación de medios, no de resultado.
 
Los supuestos más habituales de responsabilidad vienen conformados por la llamada “pérdida de oportunidades”, es decir, la frustración de la pretensión del cliente por causa imputable a su letrado, lo que le impide acceder a la tutela judicial de los tribunales, derecho constitucional recogido en el art. 24 de la Constitución. No obstante, no siempre la falta de verificación de un determinado trámite por causa imputable al abogado acarrea responsabilidad civil, como sienta la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2010 que pasamos a comentar.

El supuesto de hecho surge cuando una persona interpone demanda de responsabilidad civil contra su anterior abogado y la aseguradora del mismo,  imputando a aquél una actuación negligente en un proceso judicial dirigido a exigir responsabilidad a los médicos y al centro hospitalario donde había sido atendido, como consecuencia de habérsele amputado la pierna derecha al desarrollarse una gangrena durante su estancia en el hospital.
 
Para el demandante actual, la negligencia del abogado se concretaba en los siguientes términos: 1) formulación extemporánea del recurso de reforma contra el auto de archivo penal, 2) no aportar en el procedimiento civil posterior un informe médico favorable, 3) la exculpación de los doctores en el trámite de conclusiones, 4) no haber aportado en el procedimiento civil una cinta magnetofónica que contenía una conversación con el cirujano, 5) la no admisión del recurso por haber señalado la cuantía como indeterminada.

El Juzgado de 1ª Instancia desestimó la demanda, la Audiencia Provincial confirmó el fallo y el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación, utilizando una argumentación exhaustiva en torno a los aspectos generales de la responsabilidad civil profesional de los abogados.

En primer lugar, entiende el Tribunal que la responsabilidad del abogado exige la falta de adecuación de su comportamiento profesional a la lex artis. Sin establecer un catalogo cerrado de conductas a las que viene obligado el profesional, la sentencia que se comenta trae a colación algunas de ellas, tales  como informar de la entidad del asunto, del coste del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso, sin olvidar que la carga de probar los elementos que determinen la responsabilidad sanitaria corresponde al demandante. En segundo lugar, la sentencia señala la necesidad de que exista un daño efectivo y en tercer lugar la existencia de un nexo causal entre el incumplimiento de los deberes contractuales del abogado y el daño producido, es decir, ha de probarse que la defectuosa actuación del abogado disminuyó en un grado apreciable las oportunidades de éxito de la acción.

A la vista de los mencionados presupuestos la sentencia examina las conductas que el demandante imputa a su anterior abogado y que examinamos, llegando a la conclusión de la exculpación del abogado.

1) En cuanto a la extemporaneidad del recurso de reforma contra el auto de archivo del procedimiento penal, una nueva interpretación de la Sala manifiesta que se trata una incidencia habitual en un debate procesal que no debe determinar la imputación al abogado de responsabilidad profesional, pues la vía penal tenía muy pocas posibilidades de éxito.

2) Por otro lado, el abogado también había exculpado a los médicos en el trámite de conclusiones y para el cliente ello impidió la condena de dichos facultativos. El Supremo considera que esa actuación estaba estratégicamente justificada, pues estaba encaminada a lograr la condena del centro sanitario por falta de cuidados del paciente, siendo difícil obtener la condena de los facultativos por las características de la enfermedad.

3) Por último, la cinta magnetofónica que recogía una conversación con el cirujano no comportaba, a juicio de la Sala, el reconocimiento por parte de los médicos de su responsabilidad; además que podría tratarse de una prueba atentatoria contra el derecho a la intimidad de los médicos, siendo prudente su no aportación al proceso.

Autor: Silvia Murciano Almansilla

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