¿Cuándo se puede hablar de Vulneración de Derechos Fundamentales en el Proceso Penal?

Si hay un tema tan recurrente como recurrido en los procesos de amparo constitucional es el de la vulneración de derechos fundamentales: Derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, a la defensa y a la presunción de inocencia…; pero solo un pequeño número de sentencias acogen los recursos basados en vulneraciones de estos derechos.

El Boletín Oficial del Estado de fecha 11 de abril de 2011 publica una Sentencia del Tribunal  Constitucional, la nº 25/2011, de 14 de marzo, que desarrolla la doctrina más actualizada sobre la supuesta vulneración de los derechos fundamentales mencionados y que vamos a comentar.

El recurso de amparo se dirigía contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección Primera) de 11 de junio de 2007 y contra la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008, dictada en recurso de casación nº 1116/2008, por las que se condenaba a las demandantes por un delito contra la salud pública. La demanda se interpuso sobre los siguientes motivos: 1) se denuncia la vulneración del secreto de las comunicaciones realizadas sin que los Autos estuvieran debidamente motivados y a partir de datos obtenidos con vulneración del derecho a la intimidad, sin el debido con trol judicial y la falta de  notificación de los mismos al Ministerio Fiscal, lo que vulneraría igualmente el derecho a un proceso con todas las garantías (art.4.2 CE), 2) consideran que las resoluciones dictadas no presentan la necesaria motivación, 3) la supuesta lesión de su derecho de defensa al no haber podido contradecir el contenido de la prueba pericial analítica sobre la sustancia intervenida, dado que los peritos no fueron citados a juicio y 4) se invoca el derecho a la presunción de inocencia, dado que no existe base probatoria suficiente para fundar la condena.
 
A la vista de las quejas formuladas en la demanda de amparo la sentencia examina uno a uno los motivos, llegando a la desestimación del recurso.

1.- En relación con el derecho al secreto de las comunicaciones el Tribunal Constitucional ha venido reiterando que las exigencias de la motivación de las resoluciones judiciales que autorizan la intervención telefónica o su prórroga forman parte del contenido esencial del art. 18.3 CE y se deben explicitar en el momento de adopción de la medida todos los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, en aras del respeto del derecho de defensa del sujeto pasivo a la medida. La resolución judicial debe exteriorizar los datos o hechos objetivos que pueden considerarse indicios de la existencia del delito y de la conexión de la persona o personas investigadas con el mismo, y que han de ser algo más que simples sospechas, pues han de estar fundados en alguna clase de datos objetivos ( SSTC 167/2002, de 18 de septiembre;  184/2003, de 23 de octubre; 197/2009, de 28 de septiembre; 70/2010, de 18 de octubre), así como determinar con precisión el número o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser intervenidas, el tiempo de duración de la intervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los periodos en los que deba darse cuenta al Juez (por todas SSTC 261/2005, de 24  de octubre y 219/2009, de 21 de diciembre). No obstante, aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención se exteriorice directamente en la resolución judicial, ésta, según una consolidada doctrina de este Tribunal, puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva (STTC 167/2002, de 18 de septiembre; 184/2003, de 23 de octubre; 261/2005, de 24 de octubre y 197/2009, de 28 de septiembre).
 
Las exigencias de motivación debe ser igualmente observadas en las prórrogas y las nuevas intervenciones acordadas a partir de datos obtenidos en una primera intervención, debiendo el Juez conocer los resultados de la intervención con carácter previo a acordar su prórroga  y explicitar las razones que legitiman la continuidad de la restricción del derecho, aunque sea para poner de relieve que persisten las razones anteriores, sin que sea suficiente una remisión tácita o presunta a la inicialmente obtenida ( en el mismo sentido, STTC 202/2001, de 15 de octubre;  231/2005, de 24 de octubre y 26/2010, de 27 de abril).
 
Y analizando los Autos el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que se recogen los indicios expuestos en el oficio policial –práctica acorde al derecho fundamental- y los incorporan expresamente a su fundamentación, seleccionando los más relevantes para efectuar el juicio de proporcionalidad, sin vulneración del derecho.

2.- La queja referida a la falta de notificación al Ministerio Fiscal de los Autos que acuerdan la intervención de las comunicaciones, en aplicación de la doctrina sentada por la STC 197/2009, de 28 de septiembre (luego recordada en otras SSTC posteriores, como la 219/2009, de 21 de diciembre; 220/2009 de 21 de diciembre y 26/2010, de 27 de abril), no se colma con la concurrencia formal de una autorización procedente de un órgano jurisdiccional dictada en un proceso, único cauce que permite hacer controlable la actuación judicial, sino con la notificación al Ministerio Fiscal de los Autos de intervención o prórroga, pues lo que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado contrario a las exigencias del art. 18.3 CE no es la mera inexistencia de un acto de notificación formal al Ministerio Fiscal de la intervención telefónica, sino el hecho de que al no ser puesta en conocimiento del Fiscal, pueda acordarse y mantenerse en un secreto constitucionalmente inaceptable, en la medida en que no se adopta en el seno de un auténtico proceso que permite el control de su desarrollo y cese (STC 197/2009 de 28 de septiembre). Todo ello lleva a concluir en el caso que el Ministerio Fiscal tuvo conocimiento desde el primer momento y las intervenciones telefónicas se acordaron en el seno de un auténtico proceso.

3.- Otro motivo fue la vulneración del derecho defensa porque no resultó posible contradecir el contenido de la prueba pericial analítica sobre la sustancia intervenida, dado que los peritos no fueron citados a juicio. Debemos recordar la STC 62/2009, de 9 de marzo, “ la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho y para que la indefensión alcance la dimensión constitucional del art. 24 CE se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional (SSTC 109/1985, de 8 de octubre; 116/1995, de 17 de julio; 237/2001, de 18 de diciembre, entre otras muchas)”
 
La aplicación de la citada doctrina al caso lleva al rechazo de la lesión alegada, por cuanto la indefensión que la ausencia de los peritos en el juicio oral haya podido generar a los recurrentes en amparo se atribuye antes a su falta de diligencia que a la actividad del órgano judicial, pues los recurrentes no llegaron a solicitar la presencia de los peritos en el acto del juicio, habiendo tenido oportunidad para ello desde el momento en que sometieron a debate contradictorio en contenido de los análisis sobre las sustancias estupefacientes intervenidas.

4.- En cuanto al motivo sustentado en la inexistente base probatoria para sustentar la condena, es necesario traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prueba indiciaria que establece que se puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia siempre que: 1) el hecho o los hechos base ( o indicios) estén plenamente probados; 2) los hechos constitutivos del delito se deduzcan precisamente de estos hechos bases completamente probados; 3) que se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia, para lo que es preciso, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados o indicios, y explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o “ en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes” ( SSTC 300/2005 de 21 de noviembre).  Y en este caso los órganos judiciales han dispuesto de un elenco de hechos base, debidamente acreditados, a partir de los que han concluido la autoría de ambas recurrentes del delito por el que fueron condenadas, sin que la conclusión pueda ser calificada de irrazonable o carente de coherencia lógica.

Autor: Silvia Murciano Almansilla

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