Seguros y desastres naturales (17/05/2011)

Tras el acaecimiento de un desastre natural suele surgir la pregunta de  si los daños materiales producidos en los bienes de los afectados serán asumidos por las Compañías aseguradoras. Los desastres naturales (inundaciones, riadas, ventiscas, huracanes etc.) suelen por regla general estar excluidos en los seguros habituales; ahora bien, dicha exclusión debe realizarse conforme a derecho y siempre con base en la Ley del Contrato de Seguro.

 Así, las inclemencias meteorológicas pueden estar cubiertas con ciertos límites.

 Es habitual que los seguros del hogar cubran los daños causados el impacto directo de un rayo o de las corrientes eléctricas inducidas por el rayo. Para daños producidos por otros fenómenos atmosféricos tales como lluvia, pedrisco, granizo o nieve, se suelen establecer límites que marcan la frontera entre lo asegurable y lo que no lo es; es el caso de la lluvia, cuyo límite asegurable es el de 40 litros por metro cuadrado,  o el del viento con velocidades de 90 Km/hora, quedando excluidos los daños provocados por estas inclemencias  cuando estas se convierten en extraordinarias o pasan a ser catástrofe natural (huracanes, o inundaciones). Para acreditar los valores, en el contrato de seguro se suele establecer una cláusula que   remite a lo suministrados por el Instituto Meteorológico Nacional. En cuanto a los desastres naturales, la regla general es la de exclusión, no dando cobertura a los daños producidos por inundaciones extraordinarias, huracanes, tempestades, erupciones, terremotos, así como los provocados por contaminación radiactiva, reacción o radiación nuclear.
 
Se discute si la exclusión de la cobertura de este tipo de  daños obedece a una delimitación del riesgo cubierto o a una limitación de los derechos que asisten al asegurado en caso de siniestro. La jurisprudencia ha venido reconociendo el carácter restrictivo de los derechos del asegurado que tienen determinadas cláusulas, las cuales para ser eficaces han de estar  especialmente destacadas y aceptadas específicamente por escrito, de acuerdo con la exigencia contenida en el citado art. 3 de la LCS (SS TS de 23 diciembre 1988, 4 noviembre 1991, 15 julio 1993, 11 noviembre 1997, 28 mayo 1999, 20 septiembre 2001, 10 mayo 2005, 7 julio 2006 y 30 marzo 2007), de manera que la infracción de esta norma imperativa produce la nulidad de la cláusula que no cumpla los requisitos en ella establecidos (SS TS 13 diciembre 2000, 25 febrero 2004 y 10 mayo 2005). En este sentido, adquiere relevancia la distinción entre las condiciones verdaderamente limitativas de los derechos del asegurado y las simplemente delimitadoras del riesgo objeto de cobertura, toda vez que los requisitos impuestos en esta norma son sólo aplicables a aquellas cláusulas restrictivas y no a las que delimitan objetiva e inicialmente el riesgo asegurado o a cualquier otra condición general del seguro excluyente de la responsabilidad del asegurador, las cuales basta que estén incorporadas a la póliza y hayan sido aceptadas de forma genérica, siendo suficiente el consentimiento general del tomador en orden a la conclusión del contrato para su validez y oponibilidad (SS TS 9 noviembre 1990, 16 octubre 1992, 9 febrero 1994, 3 marzo 1998, 18 septiembre 1999, 16 octubre 2000, 17 abril 2001, 30 diciembre 2005, 11 septiembre 2006 y 1 marzo 2007).

A diferencia de las cláusulas delimitadoras del riesgo, que son las que con carácter general definen o describen el riesgo que va a ser objeto de cobertura en el contrato de seguro, considerando como tales las que determinan qué riesgos se cubren, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial (SS TS 2 febrero 2001, 14 mayo 2004, 11 septiembre 2006 y 5 marzo 2007 ), las limitativas de los derechos del asegurado son las que excluyen, limitan o reducen en determinados supuestos la cobertura del riesgo en principio asegurado y que, de no ser por la cláusula, quedarían incluidos en el ámbito del contrato (SS TS 26 febrero 1997, 16 octubre 2000 y 11 septiembre 2006 ). También merecen la calificación de cláusulas limitativas aquellas que, siendo en principio definitorias del riesgo, lo identifiquen de modo anormal o inusual, ya sea porque se aparten de la cobertura propia del tipo de contrato de seguro de que se trate, ya porque introduzcan una restricción que hay que entender, en aplicación de un criterio sistemático de interpretación, más limitada que el riesgo contractualmente aceptado de modo evidente (SS TS 8 noviembre 2001, 23 octubre 2002, 23 noviembre 2004, 10 mayo 2005 y 7 julio 2006 ). Por otra parte, la mención a los derechos del asegurado ha de ser entendida en sentido amplio, no referida solamente a los derechos subjetivos expresamente reconocidos al asegurado en la póliza del contrato de seguro, sino al conjunto de facultades jurídicas que, por disposición legal, amplían o completan tales derechos (art. 2 LCS ).

Las consideraciones expuestas nos llevan a concluir que las cláusulas que excluyen los daños provocados por desastres naturales o fenómenos atmosféricos tiene un carácter simplemente delimitador del riesgo objeto de cobertura y no limitativo de los derechos del asegurado, sin que le sean aplicables los requisitos impuestos en el art. 3 de la LCS. Como ejemplo práctico diremos que el seguro de hogar suele proyectarse sobre los riesgos generados por elementos propios de la vivienda y no sobre los que tienen su origen en agentes externos a la misma, como son los atmosféricos o climatológicos, y en particular la lluvia o el viento, que sólo se aseguran de modo excepcional y cuando tales fenómenos se produzcan "de forma anormal". De no ser así, se desvirtuaría el objeto y finalidad de este tipo de seguros, ya que si estos garantizasen todos los riesgos originados por el viento y la lluvia, la cobertura alcanzaría a daños que han sido provocados en realidad por el deficiente estado del inmueble, cuando sufre desperfectos por la normal actuación de dichos agentes meteorológicos. Esta es también la razón por la que de estas cláusulas incluidas en las condiciones generales de la póliza, se excluyen expresamente los daños que, aún teniendo su origen en los fenómenos referidos, sean debidos a defectos de construcción o mantenimiento.

Finalmente debemos indicar que este tipo de daños es asumido por el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que actúa de forma subsidiaria a las Compañías aseguradoras del mercado nacional, siendo su actuación, por lo general, la de un asegurador directo en defecto de participación del mercado privado, cuando se dan determinadas circunstancias de falta de seguro, insolvencia del asegurador, etc.. Para poder tener derecho a una indemnización del Consorcio por los daños sufridos como consecuencia de los riesgos señalados (desastres naturales), se requiere obligatoriamente la preexistencia de un seguro por parte del perjudicado que no cubra este tipo de daños.

Autor: Rafael Delgado Alemany

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