El Arbitraje Societario

Tras la reciente reforma de la Ley de Arbitraje, operada mediante Ley 11/2011 de 20 de mayo, adquiere carta de naturaleza legal la posibilidad de resolver las controversias surgidas en el ámbito intra societario, esto es, las surgidas entre los socios de una sociedad, o entre socios y la propia sociedad.  Digo que adquiere carta de naturaleza legal, porque hasta el presente dicha posibilidad no estaba prevista en la legislación arbitral, aunque tampoco estaba prohibida.

Ante  el silencio de la Ley, la doctrina se había posicionado claramente en su favor, en tanto que la jurisprudencia…..Especial mención merece la postura de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que a través de varias resoluciones….se había decantado por su legalidad.

La Ley 11/2011 se hace eco de esta situación cuando en su Exposición de Motivos se manifiesta que “La Ley también aclara…las dudas existentes en relación con el arbitraje estatutario en las sociedades de capital”, dudas que ahora se aclaran al reconocerse la arbitrabilidad de los conflictos que se planteen, si bien dada la especial naturaleza del contrato de sociedad, se exige una mayoría legal reforzada para poder introducir  en los estatutos sociales una cláusula de sumisión a arbitraje, es decir, una mayoría reforzada más próxima a la requerida para las sociedades de responsabilidad limitada para determinados acuerdos (art. 199 b) Ley de Sociedades de Capital) que para las anónimas (art. 201.2), al quedar establecida en dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social, sea cual sea el número de asistentes a la Junta General en que se adopte el acuerdo. Se entiende, lógicamente, que este sistema se aplica cuando la sociedad en cuestión ya está en marcha, no para las de nueva constitución, cuyos estatutos se entiende que han sido pactados por los socios constituyentes e incorporados a la escritura fundacional.

Nada obsta, a mi juicio, a que sin necesidad de incorporar a los Estatutos Sociales una cláusula de arbitraje, los socios puedan acordar un arbitraje ad hoc para dirimir una controversia específica, siempre que todos ellos estén de acuerdo y así se haga constar en el documento que recoja el convenio arbitral.

La Ley apuesta decididamente por el arbitraje institucional cuando expresa en el nuevo art. 11 bis.3 su preferencia por este tipo de arbitraje cuando se trate de  la impugnación de los acuerdos sociales. Utilizo el término preferencia porque, en puridad, no puedo utilizar otro. Por muchas y muy variadas razones que no son del caso exponer aquí, soy decidido partidario del arbitraje institucional; pero no puedo por ello dejar de señalar la contradicción existente a estos efectos entre el Preámbulo de la Ley y su texto articulado.

La dicción literal del precepto es clara: “Los estatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral”. El tiempo verbal no admite dudas. Sin embargo, la Exposición de Motivos tiene un sentido distinto, diametralmente opuesto: “Junto a ello también se establece que el sometimiento a arbitraje de la impugnación de acuerdos societarios requiere la administración y designación de los árbitros por una institución arbitral”.  

Pero la regla general que introduce la Ley (art. 11 bis.1) es que “Las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen”. Se trata de una extensión de las materias arbitrables (“materias de libre disposición conforme a derecho”, art. 2 de la Ley de Arbitraje) a este tipo de conflictos, aunque con un tratamiento específico justificable rationae materiae, al igual que el arbitraje testamentario previsto en el art. 10 de la Ley. Ahora bien, es obvio que el mayor número de conflictos que se plantean en el seno de una sociedad son impugnaciones de acuerdos sociales, por lo que exigir un específico tipo de arbitraje (el institucional) para su resolución dejaría sin contenido el establecimiento de aquella regla general.

Interpretaciones aparte, bienvenida sea esta reforma legal, largamente larvada, que permitirá a las sociedades de capital beneficiarse de este ágil y rápido sistema resolutorio de conflictos, a la par que aliviar la pesada carga que pesa sobre los Tribunales de Justicia y de la que, sin lugar a dudas, los primeros beneficiarios serán los justiciables.

Autor:  Antonio Vicente Albanés Membrillo

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