¿Casa por hipoteca?

A finales del mes de enero apareció en las portadas de la prensa escrita la noticia de una sentencia judicial que supuestamente defendía el “canje de vivienda por hipoteca”, lo cual permitiría saldar por completo la deuda del particular con el banco. Pero la sentencia no era tal sentencia, sino un auto de la Audiencia Provincial de Navarra nº 111/2010, de 17 de diciembre de 2010 (rollo de apelación civil 74/2011), pionero en su pronunciamiento.

En nuestro derecho rige el principio de universalidad para la responsabilidad por deudas, de forma que el deudor responde del pago de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros según el art. 1911 del CC. La constitución de un derecho real de hipoteca como garantía del pago de una deuda supone la afección de un bien determinado al pago de dicha deuda, pero sin que ello altere la responsabilidad patrimonial universal del citado artículo: El acreedor puede dirigirse en primer lugar contra el bien hipotecado, pero si su valor no cubre el importe de la deuda, puede exigir el pago del resto de la misma dirigiéndose contra otros bienes del deudor, en un procedimiento ejecutivo ordinario.

Ahora bien, en el momento histórico que nos toca vivir, en el que el número de economías domesticas en situación de colapso económico es más elevado que de ordinario, evidenciando una verdadera y auténtica incapacidad para afrontar las cuotas de préstamos hipotecarios, se abre paso el debate sobre la justicia o injusticia de dicho principio.

A la vista del auto expresado cabe colegir que, al menos en la Comunidad Autónoma de Navarra, el referido principio ha quedado seriamente en entredicho. Lo que ha venido a señalar la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra, en su auto 111/2010, de 17 de diciembre de 2010, es que habiendo asignado la entidad financiera en el contrato de préstamo hipotecario un valor a la finca hipotecada superior al importe del principal del préstamo garantizado, el usuario de banca y al propio tiempo propietario moroso, no tiene obligación de continuar abonando los pagos mensuales que la entidad bancaria le seguía reclamando una vez que el bien hipotecado había sido adjudicado a esa misma entidad por una cantidad sensiblemente inferior al valor que en su día le había sido atribuida en la escritura pública. En definitiva, conforme a esa doctrina el valor de la finca, no obstante el resultado del subasta, es suficiente para cubrir el principal y, por ello, no ha lugar a continuar la ejecución.

Lo cierto es, que aún siendo importante esta doctrina por la decisión adoptada y por lo novedoso de su pronunciamiento, no sienta jurisprudencia. Pero como quiera que la entidad financiera perjudicada por el contenido de la resolución dictada ya ha anunciado su intención de recurrir en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se abre la posibilidad, al menos teórica, de que se acabe sentando una doctrina contraria a la aplicación del principio de responsabilidad universal, más proclive a la defensa del consumidor en los tiempos que corren, pues no debemos olvidar que las leyes han de interpretarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de aplicarse según el art. 3.1 del CC.

A mayor abundamiento, la Asociación Jueces para la Democracia se ha pronunciado a favor de que el valor de la vivienda pueda saldar la deuda con el banco, abogando por una reforma del Código Civil por considerar dicha situación injusta. En estos términos se ha manifestado desde la asociación su portavoz Joaquín Bosch, quien en recientes declaraciones en la televisión manifestaba que los bancos no pueden pretender seguir obteniendo beneficios a costa de un endeudamiento de por vida de sus clientes, como sucede en muchos casos. Los jueces progresistas mantienen que los bancos deben asumir sus responsabilidades en la crisis económica y financiera por la que atraviesa el país, manteniendo que la dación de la vivienda como pago de la hipoteca debe ser considerado como un pago "justo", independientemente de cómo puedan llegar a fluctuar las tasaciones y los valores de las viviendas en el mercado en situación de bonanza o de crisis, ya que según exponía su portavoz, el banco aceptó una tasación y en función a ella, concedió un crédito hipotecario. Por lo tanto, esa hipoteca vale lo que vale la vivienda y no hay por qué pagar más y endeudar al máximo a una familia que ya ha perdido su casa. Pero los magistrados no se quedan ahí, pues manifiestan que habría que considerar que el nuevo texto legal tuviera un carácter retroactivo, con el fin de compensar a los ciudadanos que ya se encuentran en una situación desesperada.

El debate de si es conveniente o no modificar la actual legislación sobre créditos hipotecarios queda abierto.

Autor: Sylvia Murciano

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