Desde el mes de marzo, los fallecimientos por COVID-19 que se han sucedido en las residencias de mayores de todo el país han supuesto un auténtico drama. Hasta el momento, más de 24 000 ancianos han muerto a causa del coronavirus en estos centros. Una triste situación que, en opinión de muchos, requiere que se depuren responsabilidades penales. Pero no parece que esta vaya a ser una tarea fácil.
Como abogados especialistas en reclamaciones por negligencias médicas en Madrid, explicamos en las siguientes líneas todo lo que ha ocurrido al respecto y cuál es el estado actual de la cuestión.
¿Responsabilidad penal o responsabilidad civil?
El pasado mes de octubre todo indicaba a que los pleitos por los fallecimientos en residencias de ancianos no iban a tener un recorrido judicial amplio. El motivo que alegó, concretamente, la Fiscalía Provincial de Madrid fue que no se apreciaba ninguna relevancia penal en los hechos. En cambio, sí que dejaba la puerta abierta a reclamar por responsabilidad civil.
Como abogados especialistas en responsabilidad civil profesional en Madrid, dejamos clara la diferencia entre ambas vías: aunque los daños causados puedan ser los mismos (en estos casos, la muerte) la responsabilidad penal implica la comisión de un delito. Al contrario, la responsabilidad civil solo hace alusión a la obligación de compensar económicamente a las víctimas de esos daños o a sus familiares.
Los hechos denunciables
Precisamente, lo que permite hablar de una responsabilidad penal es lo que muchos familiares de residentes han venido denunciando desde el inicio de la pandemia. Es decir, la existencia de mala praxis o el dictamen de órdenes de no derivación de los enfermos a centros hospitalarios.
El cambio de criterio fue evidente el 14 de diciembre. Ese día, el juzgado de instrucción número 50 de Madrid admitió a trámite una querella por la muerte de una anciana en el mes de marzo. En el auto, se le imputa a la directora de la residencia en cuestión un delito de homicidio. ¿El motivo? Que no se derivó a la mujer a un hospital.
A partir de entonces, se han sucedido las denuncias en otras jurisdicciones. Se señalan, entre otros, los delitos de denegación del deber de socorro y homicidio imprudente. Incluso algunos letrados apuntan a la posibilidad de denunciar por delitos de imprudencia o trato vejatorio. Ahora, más de 100 casos están siendo estudiados por las autoridades judiciales.
Un futuro esperanzador para los familiares de las víctimas
Nuestro equipo está compuesto por, entre otros, abogados especialistas en reclamaciones a la Administración Pública en Madrid. Por esta razón, sabemos que estas denuncias tienen muchas posibilidades de llegar a buen puerto, tanto si se enmarcan en el ámbito público, como si provienen de residencias concertadas o privadas.
Desde el bufete de abogados de prestigio en Madrid ALBANÉS & ASOCIADOS le recomendamos que se deje acompañar y asesorar por nuestros especialistas. Tras los hechos que han acontecido, los jueces están cada vez más dispuestos a iniciar investigaciones más profundas a nivel médico y, también, político.