El petrolero Prestige, que transitaba cargado con 77 000 toneladas de fuel, se partió en dos frente a las costas gallegas en noviembre de 2002. Se provocaba así una catástrofe ecológica que contaminó más de 1700 kilómetros de costa, desde Portugal hasta Francia.
Como abogados especialistas en arbitraje internacional en Madrid, hacemos un repaso por este acontecimiento histórico cuyas consecuencias legales, a día de hoy, aún no se han resuelto.
El principio de los litigios
Inicialmente, el Gobierno español presentó una demanda en Nueva York contra la empresa que certificó el buen estado del buque. Concretamente, le reclamó una indemnización de 1000 millones de dólares. Sin embargo, la demanda fue rechazada, al considerar el tribunal que la responsabilidad última del vertido era del propietario del barco.
Por su parte, en España, la instrucción se prolongó 8 años, hasta que en 2011 la Audiencia Provincial de Pontevedra asumió la causa. Tras una primera sentencia en 2013, que absolvía a los acusados, el fiscal y la Xunta de Galicia recurrieron, consiguiendo que se estableciera la responsabilidad civil. Y, finalmente, en 2017, el Tribunal Supremo fijó la indemnización que debía recibir España por los daños causados: 1573 millones de euros.
En concreto, los responsables son los siguientes:
- El capitán del barco.
- La compañía aseguradora.
- Subsidiariamente, el propietario del buque y un fondo internacional.
Del importe total, la aseguradora del barco, The London P&I Club, debía abonar 855 millones de euros.
El litigio con la compañía de seguros se traslada a Londres
Tras esta sentencia, España lleva el caso a los tribunales del Reino Unido, ya que allí tiene su sede la aseguradora. ¿El objetivo? Hacer efectivo el pago y cobrar la indemnización.
Es en este punto en el que nuestros abogados especializados en derecho de seguros en Madrid quieren poner toda la atención, pues la compañía se niega a realizar el pago. Su alegato se basa en que el armador, que resultó insolvente, debía haber abonado primero su indemnización. Un recurso que fue totalmente desestimado, declarando el juzgado británico que la ejecución de la sentencia española se debe llevar a cabo en el Reino Unido.
En consecuencia, el juez del caso ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial, para determinar cómo se debe proceder en este asunto tan particular. Y la respuesta está todavía pendiente.
El recurso de la aseguradora al arbitraje internacional
A pesar del avance del proceso, The London P&I Club no acepta el procedimiento judicial que se ha desarrollado en España. Considera que debía haberse sometido desde el inicio a un arbitraje en Londres. Por este motivo, la aseguradora ha recurrido al arbitraje en el Reino Unido, para reclamar a España los gastos derivados de los trámites en nuestro país.
En este contexto, hace un año los tribunales de arbitraje británicos negaron la inmunidad soberana a España. Una negativa que ha sido confirmada este mes de noviembre de 2021, pues, según dicen, se trata de una cuestión de cumplimientos contractuales de carácter mercantil. Y no está basada en actos soberanos de los Estados.
¿Cuál es la situación actual?
Ahora bien, estas últimas resoluciones arbitrales en Reino Unido se refieren solo a los costes de los litigios. Es decir, no afectan a las indemnizaciones derivadas de la catástrofe medioambiental, que ya se han aceptado y están pendientes de cobro.
España mantiene, así, dos frentes abiertos:
- La ejecución de la sentencia del Supremo a su favor.
- La reclamación de costes que hace la aseguradora en su contra.
Desde nuestro bufete de abogados de prestigio en el centro de Madrid, estaremos muy atentos a la evolución de este procedimiento.