A finales de abril el Tribunal Supremo, a través de su Sala de Gobierno, tomó una determinante decisión. Por tercera vez (lo hizo ya en enero y en febrero), reiteró al Ministerio de Justicia la necesidad de adoptar medidas que eviten el más que previsible colapso de sus juzgados de lo contencioso-administrativo.
Un riesgo real de colapso
No es casual la insistencia del Supremo. Desde abril, cuenta únicamente con 25 magistrados. Es decir, el mínimo legal para poder constituir las cinco secciones que lo componen. Cada una de ellas debe disponer, al menos, de cinco jueces. Y ese es justo el número con el que ahora cuentan, después de las jubilaciones de Segundo Menéndez y Rafael Fernández Valverde.
Por si esto fuera poco, hay que sumar al actual contexto una “extraordinaria carga de trabajo”. Principalmente, el motivo son las cientos de reclamaciones que están llegando desde diciembre por parte de profesionales y empresas. Lo que exigen es que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial por las medidas aplicadas para frenar el avance de la pandemia.
Precisamente sobre este tema nuestros abogados especialistas en reclamaciones a la Administración Pública en Madrid ya se han hecho eco en algún artículo de nuestro blog.
¿Qué reclama el Supremo exactamente?
Hay varios aspectos que los magistrados del Supremo creen que es importante abordar. Fundamentalmente, destacan la necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa y a la contratación urgente de más recursos humanos y materiales.
Reforma legislativa
Modificar la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es prioritario en opinión del Supremo. Se refieren, siendo más precisos, a la modificación de su artículo 64. El objetivo es permitir a los tribunales y juzgados la suspensión de las causas de identidad jurídica igual a la de recursos que estén pendientes de casación en el Supremo. Se mantendrían suspendidos estos asuntos hasta que se dicte la sentencia definitiva del alto tribunal.
Esta medida resultaría de vital utilidad para evitar que distintas instancias dicten sentencias contradictorias al respecto de un mismo tema. Se conseguiría, por lo tanto, una mayor seguridad jurídica.
Además, para reducir la ‘tensión’ que puede provocar la llegada al Supremo de múltiples casos relacionados con un mismo asunto, solicitan poder suspender su admisión hasta que se haya resuelto y dictado sentencia sobre los primeros que hayan llegado.
Sería algo similar a lo que ocurre con los procedimientos o pleitos testigos, y permitiría aportar agilidad a las respuestas judiciales, tras ese periodo de espera. De esta forma, por ejemplo, los muchos casos que exigen responsabilidad patrimonial al Estado por las medidas anticovid no habrían colapsado de igual manera al alto tribunal.
Refuerzo de medios y personal
Para desarrollar su labor con más agilidad pero, sobre todo, para dar una adecuada respuesta a la gran cantidad de litigios de responsabilidad patrimonial contra el Estado, el Supremo solicita también al Ministerio de Justicia más personal y medios técnicos.
Especialmente, recalcan que se requiere una nueva Secretaría, un letrado de la Administración de Justicia, tres letrados coordinadores para el Gabinete Técnico y un equipo de funcionarios adecuado a las nuevas circunstancias.
En caso de no recibir respuesta, señala el Supremo, tendrán que tomar medidas alternativas para afrontar la situación. Desde nuestro bufete de abogados de prestigio en Madrid permaneceremos muy atentos a la evolución de esta cuestión.